Cuando una persona, autónomo o empresa tiene una factura pendiente de cobro, dejar pasar el tiempo puede complicar la recuperación de ese dinero. Por eso, ante un impago, es importante saber qué opciones existen y cuál es la más adecuada en cada caso.
No siempre es necesario acudir directamente a los tribunales. En muchas situaciones, un requerimiento de pago bien planteado puede conseguir que el deudor pague o, al menos, dejar preparada una futura reclamación judicial.
La clave está en actuar a tiempo, reunir las pruebas necesarias y elegir correctamente la vía para reclamar.
¿Qué se puede hacer cuando un cliente no paga?
Antes de iniciar una reclamación, conviene comprobar cuatro cuestiones básicas:
- Quién es realmente el deudor: una persona, un autónomo, una sociedad, una comunidad, etc.
- Qué cantidad se debe y cuándo venció: hay que tener en cuenta posibles pagos parciales, abonos o rectificaciones.
- Qué pruebas existen: contrato, presupuesto aceptado, pedido, albarán, partes de trabajo, correos, mensajes, facturas u otros documentos.
- Si existen posibilidades reales de cobro: conseguir una resolución favorable no significa necesariamente que el deudor tenga bienes suficientes para pagar.
Una factura por sí sola puede no ser suficiente. La reclamación será más sólida cuando pueda demostrarse toda la relación: se realizó un encargo, se prestó el servicio o se entregó el producto, llegó el momento de pagar y el pago no se realizó. La Ley de Enjuiciamiento Civil contempla precisamente distintos documentos como soporte para reclamar una deuda.
El burofax: reclamar formalmente antes de acudir al juzgado
Una de las primeras actuaciones que pueden realizarse es enviar un requerimiento fehaciente de pago, habitualmente mediante burofax.
Su finalidad es dejar constancia de que se ha reclamado formalmente una deuda, indicando qué se reclama, a quién y cuándo.
Además, una reclamación extrajudicial puede tener importancia para los plazos de prescripción. El artículo 1973 del Código Civil establece que la prescripción puede interrumpirse, entre otros motivos, mediante una reclamación extrajudicial del acreedor.
Ahora bien, el burofax no crea la deuda ni garantiza que se cobre. Tampoco sustituye la necesidad de demostrar el origen de la obligación.
Por eso, debería recoger de forma clara:
- El motivo por el que existe la deuda.
- Las facturas o servicios pendientes.
- El importe reclamado y los pagos ya realizados.
- La fecha de vencimiento.
- Los intereses o gastos que correspondan.
- El plazo concedido para pagar.
- La advertencia de que, si no se abona la cantidad, podrá acudirse a la vía judicial.
¿Qué es un procedimiento monitorio?
Cuando existe una deuda dineraria clara y documentada, una de las vías disponibles es el procedimiento monitorio.
Se trata de un procedimiento pensado específicamente para reclamar cantidades de dinero que estén determinadas, vencidas y sean exigibles, sin que exista un importe mínimo para poder utilizarlo.
Puede resultar especialmente útil para reclamar facturas impagadas, servicios realizados, suministros entregados u otras cantidades pendientes cuando la documentación permite acreditar la deuda.
El monitorio comienza mediante una petición al juzgado. Una vez realizado el requerimiento judicial, el deudor dispone de 20 días para pagar o presentar oposición.
¿Qué puede suceder?
- Si paga, el procedimiento termina.
- Si no paga ni se opone, el acreedor puede solicitar la ejecución para intentar cobrar la deuda.
- Si se opone, la reclamación puede continuar mediante el procedimiento judicial que corresponda.
Por tanto, el monitorio no significa que el asunto esté ganado automáticamente. Es especialmente útil cuando la deuda está bien documentada y el deudor no tiene una oposición fundada.
¿Y si el deudor se opone?
Si el deudor discute la deuda, su importe, el servicio prestado o cualquier otra cuestión relevante, puede ser necesario acudir a un juicio declarativo.
En las reclamaciones de cantidad, la cuantía es normalmente determinante:
- Juicio verbal: por regla general, cuando la reclamación no supera los 15.000 euros.
- Juicio ordinario: por regla general, cuando supera los 15.000 euros.
La documentación vuelve a ser fundamental. El procedimiento judicial no puede solucionar por sí mismo una deuda mal calculada o una reclamación que no pueda acreditarse adecuadamente.
La prueba puede marcar la diferencia
En una reclamación de deuda no se trata simplemente de acumular documentos. Lo importante es que esos documentos permitan reconstruir de forma clara lo ocurrido.
Entre las pruebas que pueden resultar útiles se encuentran:
- Contratos y presupuestos aceptados.
- Pedidos y encargos.
- Facturas.
- Albaranes y partes de trabajo.
- Certificados de entrega o conformidad.
- Correos electrónicos.
- Conversaciones de WhatsApp.
- Justificantes de pagos parciales.
- Reconocimientos de deuda o propuestas de pago.
- Burofax y acreditaciones de entrega o intento de entrega.
Los mensajes y correos electrónicos también pueden ser relevantes, pero es recomendable conservar las conversaciones completas y el soporte original, y no únicamente capturas aisladas.
¿Se pueden reclamar intereses?
Sí, pero no todas las deudas tienen el mismo régimen.
En las operaciones comerciales entre empresas o profesionales puede resultar aplicable la Ley 3/2004, de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Esta normativa contempla, entre otras cuestiones, intereses de demora y una compensación mínima de 40 euros por costes de cobro cuando se cumplen los requisitos legales.
En cambio, cuando se trata de una deuda civil o de una relación con un consumidor, el análisis es diferente y hay que revisar las circunstancias concretas y las condiciones del contrato.
Por ello, no es recomendable añadir intereses, penalizaciones o gastos a una reclamación sin comprobar previamente que existe una base legal o contractual para hacerlo.
Cuidado con los plazos
Una deuda válida también puede resultar difícil de reclamar si se deja pasar el tiempo.
Como regla general, muchas acciones personales que no tienen establecido un plazo específico prescriben a los cinco años, aunque existen excepciones y el momento desde el que comienza a contar el plazo depende de cada situación.
La reclamación extrajudicial, una demanda o el reconocimiento de la deuda pueden interrumpir la prescripción en los términos previstos legalmente.
Por eso, ante una factura antigua, no conviene asumir que está prescrita ni confiar en que cualquier comunicación informal haya interrumpido el plazo. Es necesario revisar las fechas y las actuaciones realizadas.
Ganar el procedimiento no siempre significa cobrar
Otro aspecto importante es diferenciar entre tener razón jurídicamente y conseguir recuperar efectivamente el dinero.
Una resolución favorable puede permitir iniciar una ejecución y perseguir determinados bienes y derechos del deudor que sean embargables. Sin embargo, si el deudor no tiene patrimonio suficiente o sus bienes están afectados por otras cargas o embargos, el cobro puede resultar complicado.
Por eso, la solvencia y la localización del deudor también deben formar parte de la estrategia de reclamación.
La importancia de actuar correctamente desde el principio
Algunos errores pueden debilitar considerablemente una reclamación:
- Reclamar a una persona o sociedad que no es realmente quien contrajo la deuda.
- Aportar únicamente la factura sin demostrar el encargo o servicio realizado.
- Reclamar intereses o gastos sin suficiente fundamento.
- Ignorar pagos parciales o rectificaciones.
- Dejar pasar los plazos confiando en conversaciones informales.
- Utilizar un domicilio incorrecto para localizar al deudor.
- Aplicar las reglas de morosidad comercial cuando el deudor es un consumidor.
- Iniciar una reclamación judicial sin revisar los requisitos previos que puedan resultar aplicables.
Por eso, reclamar una deuda no consiste simplemente en enviar una factura al juzgado. Es necesario analizar el origen de la deuda, las pruebas disponibles, los plazos, la situación del deudor y la vía más adecuada.
¿Qué podemos aprender de todo esto?
Ante una factura impagada, actuar con rapidez es importante, pero hacerlo con método lo es todavía más.
Una estrategia adecuada puede comenzar con una revisión de la documentación y un requerimiento formal de pago. Si no se consigue una solución, el procedimiento monitorio puede ser una vía adecuada cuando la deuda está clara y documentada. Si existe una controversia, será necesario valorar el procedimiento judicial correspondiente.
Cada caso requiere un análisis individual: no es lo mismo reclamar a una empresa que a un consumidor, ni una deuda perfectamente documentada que una cantidad discutida por el deudor.
¿Tienes una deuda pendiente de cobro?
Una factura impagada puede terminar afectando seriamente a la actividad de un autónomo, profesional o empresa. Actuar a tiempo permite conservar pruebas, proteger los plazos y valorar desde el principio cuál es la estrategia más adecuada para intentar recuperar el dinero.
En Legantia Abogados analizamos cada situación de forma individual y acompañamos al cliente durante el proceso de reclamación, desde las primeras actuaciones hasta la vía judicial cuando sea necesaria.
El objetivo es claro: proteger tus intereses y ayudarte a reclamar lo que te corresponde con una estrategia jurídica adecuada.
Legantia Abogados | Abogado Civil / Mercantil
📞 Teléfono: 699 22 62 90
📧 Email: juridico@legantia.com | victor.gomez@legantia.com