Durante el proceso de divorcio, la división de bienes es un asunto que requiere una atención especial, y es esencial considerar el régimen económico que se estableció.
La distribución de los activos en un divorcio estará determinada por el régimen económico acordado en el momento de contraer matrimonio o, en su ausencia, a través de Capitulaciones Matrimoniales posteriores. Los regímenes económicos matrimoniales reconocidos en el territorio español son separación de bienes, régimen de participación en ganancias y sociedad de gananciales.
Cabe destacar que, en ausencia de acuerdos específicos establecidos en las Capitulaciones Matrimoniales, es importante considerar que los matrimonios contraídos en las regiones bajo la jurisdicción del Derecho Civil común (abarcando todas las Comunidades Autónomas excepto Aragón, Cataluña, Baleares, Galicia, Navarra y el País Vasco) estarán automáticamente sujetos al régimen de gananciales.
Régimen de gananciales
Estar casado en régimen de gananciales implica que los cónyuges comparten la propiedad de los bienes adquiridos durante el matrimonio, a excepción de aquellos que se consideran bienes privativos según la legislación. En este régimen, los activos y las deudas obtenidos durante el matrimonio se consideran propiedad conjunta de ambos cónyuges, independientemente de quién los haya adquirido.
Cuando se trata de la división de bienes durante el proceso de divorcio, los activos acumulados durante el matrimonio se dividen de manera equitativa entre ambos cónyuges, a menos que se llegue a un acuerdo diferente a través de Capitulaciones Matrimoniales u otros acuerdos legales. Es importante destacar que este régimen puede variar según la jurisdicción y las leyes específicas de cada región.
La decisión de optar por el régimen de gananciales al casarse puede tener implicaciones significativas en términos de propiedad y división de activos en caso de divorcio. Por esta razón, es recomendable buscar asesoramiento legal antes de contraer matrimonio para comprender completamente las implicaciones y tomar una decisión informada sobre el régimen económico que mejor se adapte a las circunstancias y deseos de la pareja.
Distribución de los bienes gananciales
La sentencia de divorcio no conlleva automáticamente la distribución de los bienes gananciales. Para llevar a cabo esta distribución, es esencial iniciar un proceso de liquidación de los bienes gananciales. La sentencia de divorcio tiene como único efecto la disolución de la sociedad de gananciales, no la liquidación y reparto de los activos.
En otras palabras, después de la sentencia de divorcio, los bienes que cada cónyuge adquiera y las deudas que contraiga se considerarán de carácter privativo para cada uno, y la responsabilidad recaerá individualmente en cada cónyuge. La liquidación de bienes gananciales debe realizarse de manera específica y requiere de un proceso legal para asegurar una distribución justa y adecuada de los activos compartidos durante el matrimonio.
La liquidación de los bienes gananciales puede transcurrir por dos caminos: uno de acuerdo mutuo o el otro, de naturaleza contenciosa.
En el evento de que las partes alcancen un consenso, esta liquidación puede efectuarse en el transcurso del proceso de divorcio, incorporándola al Convenio Regulador. Alternativamente, esta liquidación podría realizarse con posterioridad al divorcio, mediante un pacto entre las partes, el cual podría formalizarse a través de un convenio privado elevado a escritura pública ante un Notario.
En el supuesto de que la liquidación adquiera un carácter contencioso (lo que denota la falta de acuerdo y la necesidad de intervención judicial), resultará imperativo esperar a la emisión de la Sentencia de divorcio para iniciar la distribución de los bienes mediante un procedimiento legal en el que se liquide el régimen de gananciales.
Conviene destacar que mientras no se proceda a la distribución de los bienes gananciales, estos permanecerán en una comunidad postganancial que se regirá por las normas de la comunidad ordinaria de bienes, de acuerdo con los artículos 392 y siguientes del Código Civil.
Régimen de separación de bienes
Bajo este régimen, los cónyuges mantienen independencia en sus respectivos patrimonios, tanto en lo que poseen antes de contraer matrimonio como en lo que adquieren durante el mismo. Esto significa que los bienes, ingresos y deudas de cada cónyuge se consideran por separado, sin establecer una comunidad de ganancias o pérdidas entre ellos.
En el régimen de separación de bienes, cada cónyuge retiene el control total y exclusivo de sus activos y pasivos, permitiéndoles administrarlos y disponer de ellos de manera autónoma. Así, en caso de divorcio, la liquidación patrimonial suele ser más sencilla y directa, ya que no existe una comunidad de bienes que requiera ser dividida.
Es importante tener en cuenta que, a pesar de este régimen de independencia patrimonial, existen obligaciones compartidas, como el deber de contribuir al sostenimiento de la familia y a los gastos domésticos, como es el caso de la pensión compensatoria. En algunos casos, las parejas pueden establecer acuerdos prenupciales para definir los términos específicos de su régimen de separación de bienes, regulando aspectos como la contribución económica, la administración de bienes y otras cuestiones relacionadas.
En última instancia, el régimen de separación de bienes ofrece a las parejas casadas una estructura financiera independiente y la posibilidad de mantener un control más directo sobre sus asuntos patrimoniales, lo que puede resultar beneficioso en situaciones donde se busca preservar la individualidad económica y minimizar las complejidades en caso de disolución matrimonial.
Legantia abogados: cuente con los mejores profesionales
La división de bienes durante un proceso de divorcio es una etapa crucial que debe abordarse con cautela y enfoque legal. Los regímenes matrimoniales, ya sea el de gananciales o el de separación de bienes, establecen el marco en el cual se realizará esta división.
Asesorarse adecuadamente con profesionales del derecho de familia es esencial para asegurar que se respeten los derechos y se cumplan las obligaciones de cada parte involucrada. La comprensión de las implicaciones legales, la posibilidad de acuerdos mutuos y la atención meticulosa a cada detalle son pilares fundamentales en la búsqueda de un proceso de división de bienes lo más justo y equitativo posible.
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