Cuando el inquilino deja de pagar el alquiler: una sentencia que confirma el derecho del propietario a reclamar lo debido

En el ámbito de los alquileres de vivienda, una de las situaciones más complicadas para los propietarios se produce cuando el inquilino deja de pagar la renta acordada. No solo se genera una deuda económica, sino que también puede prolongarse durante meses o incluso años si no se actúa legalmente.

Una reciente sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Fuengirola analiza precisamente un caso de este tipo y confirma algo muy importante: cuando el inquilino incumple su obligación de pagar el alquiler, el propietario puede acudir a los tribunales para recuperar lo que se le debe.

A continuación explicamos qué ocurrió en este caso, qué ha decidido el juzgado y qué pueden aprender propietarios e inquilinos de esta resolución.

El problema: un contrato de alquiler y varios meses sin pagar

El caso tiene su origen en un contrato de alquiler firmado en abril de 2021 sobre una vivienda situada en Fuengirola. En ese contrato se establecía una renta mensual de 800 euros por la vivienda y 70 euros adicionales por una plaza de garaje, lo que hacía un total de 870 euros al mes.

Según el contrato, los inquilinos debían abonar esa cantidad dentro de los primeros días de cada mes mediante transferencia bancaria.

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a producirse impagos de la renta. En concreto, los propietarios reclamaron inicialmente las mensualidades correspondientes a diciembre de 2021, enero, febrero y marzo de 2022, además del alquiler del garaje durante esos mismos meses.

Ante esta situación, los propietarios decidieron acudir a los tribunales mediante una demanda de desahucio por falta de pago.

Este tipo de procedimiento judicial se utiliza cuando un inquilino no paga el alquiler. Permite al propietario solicitar al juzgado dos cosas:

• la resolución del contrato de alquiler (es decir, que el contrato quede terminado),

• y la reclamación de las cantidades impagadas.

Las alegaciones de los inquilinos

Durante el procedimiento, los inquilinos se opusieron a la demanda planteando varios argumentos.

Por un lado, señalaron que algunas mensualidades ya habían sido abonadas con posterioridad. Por otro, indicaron que habían entregado una fianza al inicio del contrato y que esta debería tenerse en cuenta.

La fianza es una cantidad que el inquilino entrega al firmar el contrato como garantía del cumplimiento de sus obligaciones. En los alquileres de vivienda suele equivaler a una mensualidad de renta.

Sin embargo, es importante entender que la fianza no se puede utilizar automáticamente para pagar el alquiler mientras el contrato sigue vigente. Su finalidad es garantizar posibles deudas o daños cuando el contrato finaliza y se devuelve la vivienda.

En este caso concreto, el contrato establecía expresamente que la fianza no podía aplicarse al pago de mensualidades pendientes.

¿Qué ha decidido el juzgado?

Tras analizar la documentación aportada y las pruebas presentadas durante el juicio, el juzgado llegó a varias conclusiones relevantes.

En primer lugar, se comprobó que algunas de las mensualidades reclamadas inicialmente sí se habían pagado posteriormente, por lo que esas cantidades se descontaron de la deuda inicial.

Sin embargo, también quedó acreditado que continuaron produciéndose impagos durante mucho tiempo.

En concreto, el juzgado determinó que existían:

• rentas de alquiler impagadas desde abril de 2022 hasta junio de 2024,

• además de facturas de suministros (luz y agua) que correspondían a los inquilinos según el contrato.

En total, la deuda acumulada ascendía a 27.132,54 euros, sumando rentas pendientes y cantidades relacionadas con los suministros.

Por ese motivo, la sentencia estima la demanda presentada por los propietarios y condena a los inquilinos a pagar esa cantidad, además de los intereses legales y las costas del procedimiento (es decir, los gastos del proceso judicial).

¿Por qué es importante esta decisión?

Esta resolución recuerda un principio básico en los contratos de alquiler: la obligación principal del inquilino es pagar la renta en los términos acordados.

Cuando ese pago no se realiza, el propietario tiene derecho a acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento del contrato o su resolución.

La sentencia también aclara algunos aspectos que suelen generar dudas:

1. Pagar tarde no siempre evita el problema.
Si el pago se realiza después de presentada la demanda o fuera del plazo legal previsto, puede no impedir que continúe el procedimiento.

2. La fianza no sustituye al alquiler.
La cantidad entregada como fianza sirve como garantía final del contrato, pero no permite dejar de pagar mensualidades durante su vigencia.

3. El propietario puede reclamar también otros gastos.
Si el contrato establece que el inquilino debe pagar suministros como luz o agua, esas cantidades también pueden reclamarse judicialmente si no se abonan.

¿Qué pueden aprender propietarios e inquilinos?

Este caso pone de manifiesto la importancia de cumplir con las obligaciones que establece un contrato de arrendamiento.

Para los propietarios, la sentencia demuestra que el ordenamiento jurídico ofrece herramientas para reclamar las rentas impagadas y proteger sus derechos cuando el contrato no se cumple.

Para los inquilinos, recuerda que el pago puntual de la renta es una obligación esencial del contrato de alquiler y que los retrasos o impagos pueden tener consecuencias legales importantes.

La importancia de actuar a tiempo

Los conflictos relacionados con alquileres son relativamente frecuentes, pero cada caso tiene circunstancias propias que deben analizarse con cuidado: el contrato firmado, los pagos realizados, las comunicaciones entre las partes o la situación concreta de la vivienda.

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Contar con asesoramiento jurídico desde el principio puede marcar la diferencia entre resolver el problema de forma rápida o enfrentarse a un procedimiento largo y complejo.

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Si se encuentra en una situación similar o tiene dudas sobre un contrato de alquiler, contar con orientación legal especializada puede ayudarle a tomar decisiones con seguridad y tranquilidad.

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Víctor Gómez
Abogado – Departamento de Derecho Inmobiliario